Cuenta atrás para que la mediación sea obligatoria antes de acudir a la vía judicial

La norma establece un nuevo requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, una norma que, entre otros extremos, pretende impulsar la utilización de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) para acabar con la sobrecarga de asuntos que soportan a diario nuestros juzgados y tribunales.

Según los datos ofrecidos por el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, el informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa y el informe anual del Defensor del Pueblo, el tiempo medio de duración de los procedimientos judiciales muestra un diagnóstico de ineficiencia.

Bajo la intención de reducir la litigiosidad, el Ministerio de Justicia da un paso más en su propósito de impulsar la participación de la ciudadanía en el servicio público de la Justicia e invita a las partes a promover su capacidad negociadora. Como se desprende del propio Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, “el servicio público de Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar su problema. En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros será la vía consensual la que ofrezca la mejor opción. La elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la Justicia y reporta satisfacción al ciudadano. En este contexto cobran importancia las razones de las partes para construir soluciones dialogadas en espacios compartidos”.

Con la introducción de los MASC, pese a la opinión contraria de algunos operadores jurídicos, se incrementa el protagonismo de todas las profesiones jurídicas, especialmente por el papel negociador de los abogados que se garantiza en todo caso, pero también de los procuradores de los tribunales, los mediadores, los graduados sociales, los notarios y los registradores de la propiedad, entre otros.

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